Señora directora de La Jornada.
Dice la señora Isabel Miranda que todo lo que se relaciona con la política termina echándose a perder. Y quizá tenga razón, porque es lo que a ella le está pasando, pues desde que se metió a apoyar a Genaro García Luna, político encumbrado, parece estarse echando a perder.
Ahora arremetió contra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que dice desaparecerá como proyecto educativo en caso de que llegue a la jefatura de Gobierno del DF. "Sólo dejaré los edificios", manifestó muy oronda. Con esto, reveló su vocación universiticida y enemiga de la cultura.
La UACM es una alternativa válida de educación superior. A su interior se da una intensa actividad académica, cuyo propósito es formar personas libres y participantes en su comunidad. Las letras y las artes son en ella cultivadas.
Invito a Miranda a darse una vuelta por nuestras clases en el Postgrado en Derechos Humanos. Podrá compartir con nuestros estudiantes interesantes debates sobre temas de la mayor relevancia. Y se deleitará con las cátedras de nuestros docentes. Así tendrá elementos para formular juicios justos sobre nuestra Institución y no los venenosos que ahora profiere.
Atentamente. México, D.F. a 17 de mayo del 2012.
José Enrique González Ruiz.
Coordinador del Postgrado en Derechos Humanos de la UACM.

Articulo

SOBRE EL DERECHO A LA VERDAD

José Enrique González Ruiz

Cuando se desata la guerra, la primera baja es la Verdad.

Desconfianza de la sociedad

Nada de extraño tiene que se desconfíe de una posible Comisión de la Verdad para que investigue los crímenes del Estado mexicano con motivo de sus guerras: la Sucia contra los disidentes políticos, y la emprendida “contra la delincuencia organizada”. Hay quienes dicen que será otro aparato del Estado que reforzará la impunidad; otros aseguran que sus integrantes se corromperán en cuanto empiecen a manejar recursos públicos; y algunos más la consideran inservible porque no tendrá facultades legales para llevar a juicio a los perpetradores de delitos de lesa humanidad. Ponen como ejemplo lo acontecido en otras naciones, donde las comisiones de la verdad han decepcionado a quienes luchan por la vigencia de los Derechos Humanos.

De modo que hay espacio y causas para la desconfianza. Máxime si vemos lo que ocurre con exmilitantes democráticos, enquistados en los partidos llamados de izquierda, que hacen el juego al poder y son parte ya de la casta gobernante.

Sólo que siempre hay que poner por delante la confianza y la esperanza. La primera, porque en la reserva íntima del ser humano hay siempre posibilidades de que proceda con apego a principios y no a intereses. La segunda, porque si caemos en la desesperanza, habremos perdido motivación para seguir adelante en la búsqueda de un mundo alternativo.

Con todo y que la Comisión de la Verdad es falible, también es el medio adecuado para conquistar el Derecho a la Verdad y para tratar de alcanzar la Justicia y la Reparación del daño que causan los delitos del Estado.

En qué consiste el Derecho a la Verdad

Para apreciar la magnitud del derecho a saber, a enterarnos, a conocer los detalles de hechos que han conmovido a la sociedad mexicana, tenemos que discernir en qué consiste ese Derecho a la Verdad. Se descompone en otros derechos de las víctimas y de la sociedad:

1.- Saber cuáles son los motivos que llevan a representantes del Estado a vulnerar gravemente el marco jurídico que norma la vida en sociedad. Cuáles los intereses que están detrás y cuáles los beneficios que obtienen.

2.- Conocer la identidad de los autores de tan graves delitos, para tratar de someterlos a la justicia. El perpetrador de este tipo de ilícitos es múltiple (pluriperpetrador), porque uno es el que ordena, otro el que dirige, otro el que ejecuta, otro el que proporciona la impunidad, otro el que dota de los elementos materiales para cometer el latrocinio y otro el que protege ocultando los hechos. Todos deben ser castigados para evitar la repetición.

3.- Enterarse de las circunstancias del delito, de forma tal que nada quede en la oscuridad. Es fundamental que se sepa cómo proceden los autores de estos crímenes, para que la sociedad esté preparada y pueda evitarlos.

4.- Estar al tanto de los procedimientos que se siga para sancionar a los perpetradores, con el propósito de impedir que la complicidad genere impunidad. Y

5.- Recibir información de las medidas que se tomarán a futuro (modificaciones legales, creación de instituciones, preparación de funcionarios, preservación de la memoria histórica, publicación y divulgación de los hechos, etc.) para que nunca más ocurran hechos similares.

La Justicia y la Reparación integral son inseparables de la Verdad

No hemos logrado en México Juzgar un solo criminal de lesa humanidad. La Comisión de la Verdad puede servir para acopiar pruebas que permitan que levemos a juicio a los perpetradores. Ello, siempre y cuando se constituya con ciudadanos que gocen de autoridad moral y cuente con facultades legales para preconstituir pruebas que obliguen al Ministerio Público a actuar.

La Reparación es el más delicado de estos temas, pero puede salvársele si la desglosamos en:

Reintegrar o revertir. O sea, volver las cosas a la situación que tenían antes de la violación a Derechos Humanos. Es la forma ideal de reparación, pero lamentablemente no siempre se puede conseguir.

Indemnizar, o sea entregar a la víctimas o sus descendientes (me resisto a decir beneficiarios en estos casos) una cantidad de dinero.

Satisfacer, o sea realizar un acto simbólico que revindique a la víctima en la consideración social.

Garantizar la no repetición.

Obviamente, será la manifestación libre de la víctima la que determine el tipo de reparación.

Es sencillo advertir que es éste un terreno resbaloso, que debe caminarse con gran precaución.

11/septiembre/2011.

Entrevista

* Acciones represivas exacerban violaciones a derechos humanos: Enrique González Ruiz * Lustro perdido


Anayeli García Martínez / CIMAC

cimac@laneta.apc.org


Felipe Calderón estableció un estado de hecho y no de derecho, lo que a lo largo de su administración ha recrudecido las violaciones a los derechos humanos de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de las garantías humanitarias.

Para el doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Enrique González Ruiz, así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de derechos humanos. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.

Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los derechos humanos presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.

Recuento de los daños. Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los derechos humanos. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.

En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.

La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.

En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.

Y en diciembre la Corte Interamericana condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.

Si bien todas estas violaciones a las garantías individuales no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.

A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Simulación. En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los derechos humanos, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.

En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.

En cinco años, representantes de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.

En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los derechos humanos de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Respecto a la sentencia de la Coidh sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.

Defensoras y periodistas. En el documento “Protección para periodistas y defensores de derechos humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos.

La oficina reconoce que periodistas y defensores se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.

Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de la ONU contabiliza 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.

En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que el año pasado 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.

De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.

Fin a políticas represivas. En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.

Explica que la “seguridad democrática” hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los derechos humanos y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.

En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.

En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.

Articulo

¿ES ILUSO PROMOVER LA COMISIÓN DE LA VERDAD?

José Enrique González Ruiz

Si no castigamos a los violadores de derechos humanos,

éstos nunca serán cabalmente respetados.

La tesis de la desesperanza

No solamente las derechas se oponen a la creación de la Comisión de la Verdad que investigue los atropellos graves a los Derechos Humanos que han acontecido en nuestro país y que permanecen sin investigación ni castigo. También hay personas y grupos progresistas que impugnan ese instrumento de aclaración y de búsqueda. Se llega al extremo de afirmar que sería “absurdo” crear la Comverdad, porque para hacer esas denuncias y pesquisas están los familiares de las víctimas. Otros más creen que sería otro inútil aparato de Estado, que sólo vendría a dar ocupación a “buscachambas”.

Y no se crea que carecen totalmente de razón quienes se manifiestan en contra de este instrumento ciudadano, porque las comisiones que la sociedad ha creado no en todos los casos han traído resultados satisfactorios. Muchos piensan incluso que serviría para dar por cerrados los casos que investigue, fortaleciendo la impunidad.

Con todo y lo dicho, es necesario dejar atrás actitudes de reflejan desesperanza y desilusión, para intentar siempre abrir nuevos caminos. No podemos quedarnos cruzados de brazos, con la frustración a cuestas, lamentando que no hemos sido capaces –como sociedad- de crear un método y un instrumento eficaz para limitar a los integrantes del Estado que ejercen poder, en ocasiones contra el pueblo que se los delegó.

Con todo y que hemos tenido malas experiencias con organismo encargados de investigar sobre la Guerra Sucia (como sucedió con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSPP), tenemos que dejar atrás el pesimismo y echar mano de lo que conocemos y podemos usar para buscar la Verdad y la Justicia.

La Comverdad es parte del Poder Ciudadano

La Sociedad está urgida de detener el autoritarismo, que se expresa en múltiples imposiciones a la ciudadanía. Quienes detentan el poder en México, lo han llevado a situaciones extremas de inseguridad, que tiene a las personas en una condición de alta vulnerabilidad y de miedo. Quienes causan los problemas, se atribuyen el derecho a “resolverlos” mediante el uso ilegal de la fuerza y con más opresión política.

Hacen falta en nuestro país instituciones jurídico políticas propias de una democracia participativa. Entre ellas, el referéndum , el plebiscito, la iniciativa popular, la contraloría social y las comisiones ciudadanas que se encarguen de tareas en las que los órganos del Estado han fallado.

Es necesario fomentar la participación de los gobernados en decisiones que impacten la visa social. De eso se trata cuando proponemos que la Comisión de la Verdad se ocupe de indagar y propalar qué sucedió en los casos de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás violaciones graves a Derechos Humanos. Como se trata de ilícitos que cometen miembros del estado, es obvio que no se aclararán si quienes los investigan son también parte de la estructura de poder.

Es por demás obvio que la clase política se niega a aceptar organismos ciudadanos, pues estima que el ejercicio del poder es atributo monopólico de ella.

Cada día se ve más difícil lo de la Comverdad

Con tantos adversarios enfrente, la Comisión de la Verdad parece alejarse. Se le combate desde diferentes ángulos, haciéndola ver como incapaz de asumir la enorme responsabilidad de hacer del conocimiento público lo que ha ocurrido con la Guerra Sucia. Y también como incapaz de llevar a juicio a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Pero eso no le resta validez a la propuesta de conformarla y hacerla funcionar.

Claro que no cualquier Comisión sería útil. Sólo tendrá posibilidades de éxito si está compuesta por personas ajenas a la clase política, propuestas por los organismos defensores de los Derechos Humanos. Serían éstos los que le dieran legitimidad, junto con la lucha de décadas de familiares y víctimas de la represión. Serían asimismo los encargados de supervisar sus tareas, para que no se desviaran de los objetivos asignados.

Habría necesidad de dotar a la Comverdad de facultades legales para hacer comparecer a los presuntos inculpados, lo mismo que para contratar peritos en materias como la forense y la psicológica. Su funcionamiento debería ser financiado por el estado, pero sus titulares (los Comisionados) no cobrarían para no tener la calidad de funcionarios o servidores públicos.

Con todo y los cuestionamientos en contra, vale la pena seguir luchando por la Comisión de la Verdad.

4/septiembre/2011.

Articulo

Nunca Más la Desaparición Forzada

José Enrique González Ruiz

Yo vivo de mi mala fama.

Declaración del perpetrador

Jesús Antonio Sam López.

La desaparición es una política de Estado

No es un tiro en el aire ni un acto de locura; la desaparición forzada de persona es una conducta deliberada de un aparato de poder, en el marco de una política tendente a mantener a cualquier costo el control de la sociedad, a cualquier costo: “A sangre y fuego” dijo Sam López que acabaría con la delincuencia en Colima, cuando tomó posesión de la Procuraduría de Justicia del Estado. Sin importar que sigan cayendo seres humanos por “daños colaterales”, decidió Felipe Calderón refiriéndose a su guerra contra la delincuencia organizada”.

La desaparición es, quizá con la ejecución extrajudicial, la expresión más temible de una política represora. Involucra a diversas instancias públicas, pues requiere recursos materiales (armas, vehículos, equipo, instalaciones de tortura y reclusión) y de influencia en las esferas políticas (de policía, de procuración y administración de justicia). Y tiene su fundamento en la impunidad, pues el perpetrador se atreve a cometer atrocidades porque tiene la certeza de que no será castigado.

Técnicamente, la desaparición forzada requiere tres elementos

1. Una detención ilegal.

2. Cometida por un agente del Estado o por un particular actuando con la aquiesencia de aquél.

3. Seguida por la negación de la autoridad.

La desaparición es un crimen aborrecible

Estamos ante una acción pluriofensiva, que vulnera un gran número de Derechos Humanos: La seguridad, el debido proceso, la libertad y la integridad física, entre ellos.

El perpetrador actúa desde el poder; con su protección. Se mueve en la obscuridad y se alía con otros individuos que, como él, saben que están violando la Ley. No corre riesgos, porque tiene la certeza de que sus jefes le salvarán el pellejo y le recompensarán.

Es una técnica represiva que los franceses aplicaron en Argelia, los nazis en Alemania y los gobiernos autoritarios (militares y civiles) en América Latina. Es un acto del mal que pretende la impunidad eterna. Como dijo Emiliano Fessia, de “Hijos Argentina”, estamos “ante uno de los crímenes del poder estructurado como Estado” (“La Desaparición Forzada y el Derecho a la Verdad”, programa de Patricia Chávez en el Canal del Congreso, 24 de agosto del 2011).

Generalmente pasan muchos años para que un perpetrador sea juzgado. En Argentina y Guatemala se está logrando que los tribunales sancionen a criminales de lesa humanidad, incluyendo a militares. Pero en México la impunidad va ganando la partida.

Lo anterior determina que los agentes del estado que vulneran Derechos humanos se vuelvan reincidentes e incluso reclamen con fuerza que se les trate de juzgar en tribunales civiles. El fuero militar ayuda a la consumación y repetición de este tipo de crímenes.

La Guerra contra el crimen organizado es pretexto para combatir a la sociedad

No debemos dejar que nos engañen. Combatir al crimen organizado no se reduce a liquidar a supuestos o reales sicarios. De hacerse a fondo, comenzaría por quienes toman las decisiones y acumulan la riqueza malhabida (o sea, políticos y banqueros).

Lo que hoy se hace es reprimir a gente del pueblo, aplicándole medidas extremas como la desaparición forzada. Por higiene nacional, ésta debe terminar y dar paso a juicios formales en contra de los perpetradores.

Desapariciones nunca más.

26/agosto/11.

Artículo

FORO: SEGURIDAD PÚBLICA,

DERECHOS HUMANOS Y FUERO MILITAR.

TEMA: LA CORTE MEXICANA EN EL CASO RADILLA

Y EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE

DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO

ACTUAL DE LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS.

1. La interpretación “orientadora” hecha por la Corte Mexicana este 12 de julio del 2011 sobre el fuero militar, al examinar los alcances de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla en el contexto de la guerra sucia, relativa a la posibilidad de que los jueces de jurisdicción civil y no castrense, enjuicien a militares por delitos cometidos contra ciudadanos y ciudadanas, abona en el ámbito del combate a la impunidad, que invade no solo este espacio.

2. Y más, en estos momentos en que el gobierno de Calderón presenta como punto central de su agenda, la utilización de las fuerzas castrenses, como cuerpo de disciplinamiento del delito y también como fuerza de la seguridad publica en el país. En ese mismo sentido, es importante el papel que podrían jugar los organismos ciudadanos y no gubernamentales como las y los defensores de derechos humanos frente a tales situaciones.

3. El artículo 13 constitucional, establece que los delitos y faltas contra la disciplina militar deben ser juzgados por tribunales castrenses, pero en ningún caso y por ningún motivo pueden extenderse su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejercito y cuando en un delito o falta de este tipo se vea involucrado un civil, el caso debe ser resuelto por un tribunal civil.

4. Podemos decir que la norma fundamental del país, trata como excepción a la regla, frente al fuero civil, el fuero de guerra, para los casos estrictamente relacionados a la disciplina militar. Este, fue reglamentado dándole mayores alcances que no se tenían, a través del Código de Justicia Militar, en lo especifico, el articulo 57 indebidamente incluyo aquellos casos en que los miembros de las fuerzas armadas cometieran actos relativos a delitos del orden común, como violaciones de derechos humanos realizados en tareas de seguridad publica.

5. En el caso Rosendo Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar entre otros, este último artículo, manifestó que deberían ser armónicos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que jueces penales de jurisdicción civil enjuiciaran a militares por delitos cometidos en contra de la ciudadanía al tratarse de violación a derechos humanos.

6. Como se ha dicho en otras reiteradas ocasiones, la utilización del Ejercito en el ámbito del combate de la delincuencia, hasta estos momentos tiene un fuerte atisbo de inconstitucionalidad, ya que solo se encuentra prendida de ciertos criterios jurisprudenciales que afirman fundamentalmente que: “su participación será solo en auxilio de las autoridades civiles a favor de la seguridad pública, todo ello a petición expresa y subordinada de esta ultima”.[1]

7. No podemos dejar de mencionar que esta excepción se ha convertido en regla, ya que estos cuerpos militares, entre otras cosas, por razones de jerarquías institucionales, se han manejado en el ámbito del combate de la delincuencia como entes autónomos. Además, la estancia del ejercito fuera de sus cuarteles ha dejado de ser temporal, para convertirse en permanente y en algún sentido se ha modificado la naturaleza de estas Instituciones armadas.

8. Lo anterior en virtud de que su formación tiene como objetivo fundamental entre otras situaciones, que los cuerpos militares han sido constituidos para la defensa de la patria ante el hipotético caso de alguna invasión extranjera o en algún sentido participar ante una catástrofe importante que sufra la población dentro del territorio de nuestro país, además de haber sido formados para eliminar al enemigo y no como custodios o investigadores dentro del ámbito de la seguridad pública, fundamentalmente en tareas disuasorias y la averiguación previa, como en el otro de los casos los cuerpos policíacos, sí han sido creados para estas tareas.

9. Es de suma importancia señalar también, que esta interpretación “orientadora” de la Corte, se encuentra en un contexto de claros-obscuros, ya que, con la implantación del modelo neoliberal con la entrada de México 1986 al GATT que posteriormente se convierte en la OMC. Se ha construido un vaciamiento de instituciones sociales y paralelamente se ha fortalecido el ámbito estatal policiaco-punitivo-militar. Esto se puede ver con la llegada a nuestra legislación de la “teoría de derecho penal del enemigo”[2] desde 1996 a la fecha con la llamada “Ley Federal de Delincuencia Organizada” y en 1998 la constitucionalización de esta Ley,[3] que ha significado regresiones y restricciones a derechos humanos fundamentales.

10. Sin dejar de señalar, la vigencia de normas supra constitucionales como el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de America del Norte (ASPAN), la iniciativa Mérida, entre otras. Por otro lado y de una manera positiva podemos señalar la relevancia de la reforma constitucional de este año que reconoce los derechos humanos y donde el Estado mexicano se obliga a garantizar estos con sus especificaciones que se encuentran en los tratados internacionales y en los que se deben de interpretar con miras siempre a proteger a la persona en lo mas amplio posible.

11. Eso no tiene como significado que con la sola vigencia de estos criterios de la Corte como los aquí señalados, desaparezcan practicas militares y policíacas que se pretenden naturalizar socialmente en el ámbito de la seguridad pública como: la detención arbitraria, los retenes urbanos y rurales, la tortura, el armado de averiguaciones, el allanamiento de morada, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas, entre otras prácticas comunes de estos cuerpos represivos, que se encuentran encima de todo entendido relativo a los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

12. Ante esos desafíos, las organizaciones sociales y organismo de derechos humanos, tienen cargas mayores principalmente en la alfabetización jurídica y de derechos humanos, atención a víctimas, visibilización de esos patrones de regularidad represiva, documentación, denuncia y canalización a la justicia de estas conductas estatales ilícitas. Mayormente cuando estamos en un contexto de la llamada lucha contra la delincuencia organizada que ha servido muchas veces como justificante para ocultar este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos.

13. Las preguntas que nos hacemos entonces son las siguientes: ¿Que hacemos frente a estas prácticas? ¿Existen herramientas jurídicas para denunciarlas? ¿Tenemos leyes que nos protejan de ellas? ¿Se estarán violando nuestros derechos humanos y garantías constitucionales? ¿Dónde denunciamos estos delitos? ¿Cómo discutir estas prácticas en el terreno de la justicia? ¿Cuales son las herramientas jurisdiccionales y no jurisdiccionales para poner límites a estas prácticas cotidianas represivas?

14. Otras de las preguntas que nos hacemos en conjunto al Doctor José Enrique González Ruiz relativas al pasado impune y que tienen una vigencia enorme frente a interpretación “orientadora” hecha por la Corte Mexicana sobre el fuero militar son las siguientes:

¿Se aplicara a los casos de nuestro doloroso pasado o de nuevo intentaran sea aplicable al futuro?

¿El criterio de que los jueces civiles en materia penal deben conocer los delitos cometidos por militares, cuando no se trate estrictamente de asuntos relacionados con la disciplina militar, será obligatorio para todos los jueces en el país?

¿Veremos en prisión, purgando penas, a los generales que han pisado derechos humanos o presenciaremos farsas como la del juicio a Mario Arturo Acosta Chaparro?

15. Muchas de las actuaciones de los cuerpos policíacos y militares en el ámbito de la seguridad publica, no constituyen en si mismas un delito pero pueden transformarse en ello, si se les proyecta en el tiempo, es decir, si no se les piensa de un modo aislado. La regularidad con la que se producen, el hecho de que estas conductas mayormente recaigan sobre parecidas poblaciones, vuelve abusiva, discriminatoria y violenta y por ende ilegal la actuación de estos cuerpos represivos.

16. El tomar nota de otras perceptivas de seguridad como por ejemplo: la seguridad humana o multidimensional que propone la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Conferencia Especial sobre Seguridad de México 2003,[4] que propone una nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio con alcance multidimensional, e incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.[5]

17. O tomar nota, de de aquellas situaciones problemáticas, de cada una de las acciones policíacas y militares, de cómo se manejan estos cuerpos represivos en los espacios populares o fuera de ellos, con todo esto, se podrían tener mayores elementos para denunciarlas por abusivas, discriminatorias y violentas, se podrían tener más pruebas para discutirlas en los tribunales judiciales, ahora que la Corte autorizo en sede civil penal, el procesamiento de la conductas de los militares contra actos violatorias de derechos humanos.

San Luis Potosí. S. L. P.

Tonatiuh Hernández Correa.

24/VIII/2011.

González Ruiz José Enrique. Una de cal de la Corte. 14 de julio del 2011. Revista Contralinea.

López Bárcenas Francisco. Fuero Militar y Derechos Humanos. Periódico La Jornada. 17/08/2011.

Carbonell, Miguel. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada.

JAKOBS Günther y Manuel Cancio Meliá. Derecho Penal del Enemigo. Civicas Ediciones.S.L. Madrid, España. 2003

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[1]Acciones de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Buitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte MAGDALENO. Tesis: P/J. P/J. P/J. 35/2000, 36/2000, 38/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Abril del 200º, t. XI, P. 557, 552, 549.

[2] JAKOBS Günther y Manuel Cancio Meliá. Derecho Penal del Enemigo. Civicas. Ediciones.S.L. Madrid, España. 2003. Entendidas como aquellas normas jurídicas excepcionales, caracterizadas por un incremento de las penas y la supresión de garantías jurídicas, “únicamente” aplicables a los considerados enemigos.

[3] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008

[4]OEA. Conferencia Especial de Seguridad. México 27 y 28 de octubre del 2003. http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf

[5] La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa: el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; la trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.

JESÙS ANTONIO SAM LÒPEZ: OTRO REPRESOR QUE MUERE IMPUNE
José Enrique González Ruiz

No hemos logrado las y los mexicanos
que se castigue a ningún criminal de lesa humanidad.
Y hemos tenido centenares.

En México todos los perpetradores están impunes

Ni siquiera Gustavo Díaz Ordaz, el confeso genocida del 2 de octubre de 1968 fue sometido a juicio por sus crímenes contra el pueblo de México. No ha llegado la excepción que confirme la regla de que en nuestro país está garantizada la impunidad para quienes cometen delitos que conllevan graves violaciones a Derechos Humanos. Por eso, no nos sorprende que se realicen homenajes a uno de los más connotados perpetradores: Jesús Antonio Sam López, que falleció de hace unos meses y hoy es homenajeado por la clase política priista de Nayarit y Colima. Se e presenta como ejemplo de verticalidad en la procuración de justicia, a sabiendas de que sólo conoció y aplicó la Ley del Más Fuerte.

Sam López, en sus primeras incursiones por el aparato represivo del Estado mexicano, fue director del penal de las Islas Marías y de la Policía Judicial del Distrito Federal. Cuando desempeñaba este último cargo, participó en la Guerra Sucia desatada contra la guerrilla urbana que se desarrolló luego de las matanzas de Tlatelolco y San Cosme. Cuando se conforme la Comisión de la Verdad (autónoma y ciudadana), saldrá a la luz su negro historial de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Su formación como represor se dio al lado de “maestros” como Miguel Nazar Haro y Mario Arturo Acosta Chaparro, a quienes se encargó el exterminio de los grupos alzados en armas en contra del gobierno, sin importar los medios que se utilizara. Probablemente recibió instrucción en la tenebrosa Escuela de las Américas, en la que los norteamericanos han adiestrado a miles de torturadores de toda la geografía latinoamericana.
Aunque se hicieron múltiples denuncias contra Sam López, el aparato de procuración y administración de justicia siempre lo protegió. Él mismo declaró tener experiencia contrainsurgente, pero nunca se formalizó juicio alguno en su contra.
Sam López siempre formó parte de la casta priista
La Guerra Sucia no se explica si se la considera como el arrebato de unos cuantos desquiciados. Hay que entenderla como parte de la estrategia política de la casta gobernante, que ha permanecido en el poder desde principios del Siglo XX (aunque desde hace unos años utiliza distinta denominaciones partidarias). Sin represión es imposible sostener un estado autoritario y cleptócrata como el que padecemos. Por eso le son tan valiosos los personajes del tipo de Sam López, quien en vida reconoció que hizo el trabajo sucio durante la represión al movimiento guerrillero de los años setenta y ochenta del siglo XX. Y aunque tuvo el cuidado de decir que el papel del ejército fue de apoyo, no lo excluyó de esta responsabilidad.
Nayarita de nacimiento y colimense por adopción. Sam López tuvo dimensión nacional en su quehacer represivo. Sabemos de él todos quienes hemos participado en las luchas sociales, porque es de los personajes paradigmáticos del sistema dominante: rudo, echador, valentón y descarado. Ya como procurador de su natal Nayarit, fue denunciado por participar directa y personalmente en la tortura a los dirigentes del Movimiento estudiantil que intentó democratizar la Universidad estatal. “Dicen que me tienen terror, pues qué bueno…”, presumió. Cuatro gobernadores colimenses lo habían designado procurador de justicia, y siempre que alguien lo señalaba como infractor de Derechos Humanos, salían a su defensa.
Ahora se le ensalza y se le pone como ejemplo para la juventud, cuando es uno de los más siniestros personajes del priismo mexicano (y eso es mucho decir, por la variedad de ejemplares que tiene ese partido).

La religiosidad no es sinónimo de bondad
Jesús Antonio Sam López era un creyente activo; o al menos así lo aparentaba. Hubo siempre en sus oficinas imágenes religiosas y no se escondía para hacer gala de su catolicidad. Lo del Estado laico que prevé la Constitución debe haberle parecido un chiste, pues cuando se sentía generoso y soltaba a algún delincuente menor, lo mandaba a dar limosna a la Iglesia de La Salud.
Los altos oficiales del ejército nazi eran cultos y tenían muy desarrollado el gusto musical. Se dice que también Sam López amaba la buena música y leía más que partes policíacos. Pero está visto que eso no garantiza un comportamiento respetuoso de los Derechos Humanos.
Jesús Antonio Sam López forma parte de la lista de perpetradores de actos de barbarie. Utilizó sus cargos públicos para servir a un sistema injusto y represivo, debió pagar a la sociedad mexicana los agravios que le causó. Como ya no hay condiciones para que lo haga, nos queda el recurso de levantar la voz para exigir: nada de homenajes ni reconocimientos al cruel torturador; que sobre él pese la condena moral del pueblo de México al que ofendió y dañó.

20/agosto/11.

Réplica

México, D.F. a 29 de abril del 2011.
Otto Granados:
Te gana el hígado. Cada que recuerdas el ridículo que hizo tu admirado alcohólico Jesús Reyes Heroles (le llamas "don jesús") cuando quiso doblegar a la Universidad Autónoma de Guerrero, te aceleras de fea forma. Ya son varias las ocasiones en que me difamas y luego te niegas a darme espacio en tu periódico (tal vez de Salinas, con quien también colaboras) para que me defienda de tus barbaridades.
Lo nuevo es que aprovechaste, el pasado 18 de abril, la publicación que hizo Esther Orozco en la que lanza dardos envenenados contra el proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La usas para volver a escribir con los intestinos y hacer afirmaciones que no puedes comprobar, por la sencilla razón de que son falsas.
1.- Dices que vas a contar una anécdota, porque no resistes la tentación de hacerlo. Si fueras honesto, dirías que vas a reinventar un cuento que te gusta contar.
2.- Aseguras que a mediados de 1983 me presenté con tu patrón, a la sazón secretario de Educaciópn Pública, a pedir subsidio para la UAG, de la que en ese tiempo era yo rector. Mientes: fui a exigirle que entregara los recursos que legalmente correspondían a la Universidad Guerrerense. Quienes me conocen, saben que nunca he pedido nada al gobierno y menos a los corruptos priistas, que por décadas han saqueado impunemente las arcas públicas. Los documentos que entregué en aquel tiempo y que deben estar archivados en la SEP, pueden probar mi dicho.
3.- Faltas a la verdad cuando señalas que yo usé un tono meloso con tu -al parecer- padre putativo. Sólo utilizo tal tono con aquellas y aquellos a los que quiero.
4.- No comparto tu opinión de que Reyes Heroles "era muy singular"; porque la soberbia es característica de muchísimos políticos, de modo que en eso era bastante plural.
5.- Te sacaste de la manga una frase dominguera al aseverar que tu adorado gurú me dijo: que iba a hacerle a la UAG lo que a los perros pulguientos: "meterlos en una pileta de aguada helada para espantarle las pulgas". Lo que me dijo fue que iba a aplicarle la eutanasia y, aunque evidentemente a ti no te gusta la UAG, hoy sigue viva y pujante. Así que fracasó el universiticidio de quien se creía instalado en el Olimpo.
6.- El resto de tu afirmación es cierta: dijo que los políticos están para resolver conflictos. Esa información es pública, pues la menciono en mi libro: "La Universidad Pueblo: un proyecto traicionado". En lo que no te ajustas a la verdad es en eso de que yo amenacé al quien entonces era el segundo o tercer hombre más poderoso de México. ¿Me crees tan ingenuo como para creer que un modesto rector de provincia podía espantar al ideólogo de la ultracorrupta casta priista?
7.- No fundamentas tu aserto de que "la UAG no tenía remedio mientras González Ruiz estuviera en ella". Es más, no me conoces como persona ni como académico. Te invito a que un día vengas a mi clase para que tengas elementos de juicio y no opines en el aire.
8.- La victimización no va conmigo, de modo que no soy "víctima de la Universidad Pueblo" ni de nada. Tampoco engaño a las personas, como sí haces tú cuando escribes tergiversando los hechos y sin aportar pruebas. ¿Alguien ha engañado a México más que Carlos Salinas, de quien eres discípulo?
9.- Cualquier día podemos debatir sobre los dictados del Banco Mundial sobre educación en el mundo, mismos que siguen al pié de la letra los políticos que nos malgobiernan, comenzando por "don jesús" con su "Revolución Educativa". ya que estuviste tan cerca de él, ¿por qué nos nos dices cuál fue su participación en el entronizamiento de la lidereza del SNTE Elba Esther Gordillo? Quieres tapar el sol con un escuálido dedo.
10.- La descomposición moral y ética que según tú afecta a la educación superior, en realidad lacera a toda la sociedad mexicana.Y no puede ser responsabilidad de quienes no hemos detentado el poder, sino de quienes componen la supercorrupta casta priista primero y ahora prianista de la que formas parte.
A tus órdenes: Enrique González Ruiz

UACM

RAZONES DE LA AGRESIÓN CONTRA LA UACM

José Enrique González Ruiz

Educar para liberar o instruir para someter. He ahí el dilema.

Se soltó la jauría

Se desató una tormenta de denuestos sobre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a partir de la publicación de un documento que aparenta ser un balance de las actividades de esa Institución, que está cumpliendo diez años de funcionamiento a contraflujo del modelo neoliberal dominante. El embate se dirigió lo mismo a profesores y estudiantes de la Institución, que al Instituto de Enseñanza Media Superior (IEMS) y a quien propició desde el gobierno su creación: Andrés Manuel López Obrador. Van algunos ejemplos:

1. El secretario de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del DF, Juan Carlos Zárraga afirmó que “el modelo académico que usa el IEMS no promueve la excelencia académica y da a los estudiantes una pésima preparación…” (El Universal, 30 de marzo del 2011, sección C página 1. Esta información se combinó con la calificación de que quienes se titulan en la UACM forman parte de “un grupo privilegiado”).

2. Laura Herrejón, escribió en El Universal el 18 de abril del 2011 que la UACM “…fue creada con el sello inconfundible del populismo demagógico que caracteriza al ‘rayito de la esperanza’, mejor conocido como el ‘mesías tropical’”. Con esa base, puso entre comillas a la “universidad” y la calificó como “Un Fraude Monumental”.

3. René avilés Fabila afirma que la UACM “nunca fue un proyecto académico, era una maniobra política. Pero ahí está y es la esperanza de miles de jóvenes (Crónica). Al menos se conduele que los pobres jóvenes que cursan sus estudios en esta Institución.

4. Otto Granados, quien tal vez se considere hijo putatitvo de Jesús Reyes Heroles, dijo que la UACM se autodenomina Universidad y acusó a quien esto escribe de haber amenazado a su etílico héroe (Crónica, abril del 2010).

5. En un artículo convertido en cartel que se difundió ampliamente por la UACM, Marcelino Cereijido tildó de “analfabetas científicos” a quienes no compartimos los métodos de la doctora Orozco. Otros “científicos duros” nos quieren impresionar con las credenciales, pero nosotros sabemos que Obama es Premio Nóbel de la Paz y que eso no le ha impedido ensangrentar países al declarar guerras y bombardear poblaciones.

Lo que espanta a los conservadores

Tanta saña contra una Casa de Estudios que se esfuerza por construir un proyecto alternativo no es gratuita; se debe a que realiza sus tareas conforme a una orientación pedagógica liberadora.

La Ley de la UACM se pronuncia porque la educación superior llegue a todos los y las jóvenes de la capital, dando “apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para satisfacer sus necesidades educativas, sin prejuzgar acerca de méritos”, porque…”el sistema educativo ha funcionado en muchos casos, como un instrumento de reforzamiento de las diferencias sociales” (Exposición de Motivos, punto 1, párrafo 8). Este pronunciamiento define claramente una vocación democrática, que contraría los postulados de la corrientes neoliberal hegemónica, que considera que el examen de admisión –aplicado incluso por instancias externas de carácter privado- es el instrumento idóneo para seleccionar a los estudiantes.

En la UACM, la autonomía se concibe como un autogobierno en términos del artículo 3º constitucional, y tiene los siguientes propósitos: “a)…la exclusión de los intereses ajenos (y)…un ejercicio pleno de la libertad de pensamiento…fundamentado en la crítica…; b) garantizar que la institución cumpla con sus responsabilidades con los más altos niveles académicos y con genuino sentido social, brindando asimismo otros servicios útiles a su comunidad; y c) administrar su patrimonio y recursos” (Exposición citada, punto 2 párrafo7).

Asumir plenamente el carácter público de la UACM, según la Ley significa dar cabida a todos, “independientemente de cualquier singularidad social o económica…donde no hay diferencias, donde se eliminan las circunstancias que dentro de las propias instituciones han venido acentuando las desigualdades” (Exposición, punto 3, párrafo 6).

Como proyecto innovador, el de la UACM no se guía exclusivamente por criterios de orden cuantitativo, sino también cualitativo. Esto debe tomarse en cuenta al aplicar “criterios modernos de diseño curricular” e instaurar “sistemas de evaluación eficaces y confiables…” (Exposición, punto 4 párrafo 2).

A los estudiantes, la Ley los considera “agentes activos de su proceso educativo”, que tienen el deber de “asumir la responsabilidad de formarse una cultura propia”. No son seres pasivos ni dependientes (Exposición, punto 7 párrafo 2).

Es éste, en resumen, el modelo educativo que ha sido satanizado por las derechas de todos los partidos políticos oficializados.

Ni desastre, ni fraude académico, ni pantano

La primera manifestación de la agresión fue un acuerdo de la Comisión de educación de la ALDF que posibilita la reelección de la rectora y la autoriza para contratar personal de confianza. Esta descarada violación a la autonomía despertó un gran descontento entre los uacemitas, que se movilizaron para echar abajo esa maniobra.

Luego se levantó un coro de intelectuales orgánicos del poder, que aprovecharon la coyuntura para volver a externar sus odios contra todo lo que no se alinee con el neoliberalismo. Se valieron de las declaraciones de la rectora, que pusieron por el suelo a la UACM. No se tuvo el cuidado de encubrir las condenas en medio de algunas alabanzas, como hicieron Jesús Reyes Heroles cuando convocó a la “Revolución Educativa” mandatada por el Banco Mundial, y Jorge Carpizo en su célebre documento “Fortalezas y Debilidades de la UNAM”.

La perfección sólo existe en la mente de las personas, de modo que sería absurdo pedírsela a la UACM. Pero es una creación valiosa que debe ser fortalecida con trabajo de sus integrantes y con respaldo externo de parte de quienes coinciden con sus objetivos liberadores.

29/abril/11.

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